Algunos de los efectos más graves de la primera parte tienen que ver con el cambio de la definición de “propaganda gubernamental”:  Ahora, los servidores o instituciones públicas podrán promocionar su trabajo con fines políticos o partidistas sin las limitaciones que antes contenía la ley. Además, se permite la propaganda gubernamental en los 3 días entre el fin de las campañas y el día de la votación. Todo esto atenta contra la posibilidad de ejercer un voto libre. 

Por otro lado, algunas de las consecuencias más graves de implementar la segunda parte serían el despido masivo de trabajadores del servicio profesional del INE, riesgos de seguridad al padrón electoral y un retroceso en temas de paridad y representación de grupos históricamente discriminados.

A pesar de que ambos decretos ya fueron aprobados y publicados, su (in)constitucionalidad aún está por determinarse. En este momento, se están llevando a cabo múltiples procesos judiciales en la Suprema Corte de Justicia de la Nación con este fin.